A través del Decreto 1203/2026, el Ejecutivo puso en marcha un plan de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La iniciativa incluye al personal permanente y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado contemplados en la normativa. El Gobierno sostiene que el objetivo es reorganizar las estructuras estatales y optimizar el uso de los recursos públicos.
El período de adhesión se extenderá durante noviembre, desde el día 1 hasta el 30, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una única extensión de hasta 30 días. Las compensaciones se calcularán de acuerdo con distintas condiciones laborales y previsionales de cada agente. El régimen establece exclusiones para sectores específicos de la administración.
Uno de los puntos centrales del decreto es que las vacantes correspondientes a los trabajadores que acepten el retiro serán suprimidas. Los gastos derivados de la implementación se cubrirán con los créditos presupuestarios de las jurisdicciones alcanzadas. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública tendrá a su cargo la aplicación y las disposiciones complementarias.
