El sistema universitario atraviesa un momento de alta tensión ante la posibilidad de que el Gobierno no cumpla con la ley de financiamiento. Rectores y autoridades académicas señalan que el incumplimiento podría derivar en un conflicto inmediato. La advertencia se apoya en decisiones judiciales que ordenan aplicar la normativa.

La ley contempla la actualización de partidas presupuestarias y mejoras en los ingresos del personal universitario. También busca garantizar condiciones mínimas para el funcionamiento de las instituciones. Sin estos recursos, advierten que se pone en riesgo el normal desarrollo de actividades.

El conflicto universitario se viene profundizando en medio de un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo. Las medidas de protesta podrían intensificarse en las próximas semanas. Desde el sector advierten que el escenario es crítico si no hay cumplimiento efectivo.