El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron un duro enfrentamiento político tras el desalojo de un terreno que se encontraba ocupado por una cooperativa en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo, dispuesto por la administración porteña, reavivó el debate sobre el uso del espacio público, el derecho a la vivienda y los límites de la protesta social.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que el procedimiento se realizó en el marco de una orden judicial y que el predio en cuestión debía ser recuperado por tratarse de una ocupación ilegal. Macri defendió la intervención y sostuvo que el Ejecutivo tiene la obligación de hacer cumplir la ley y garantizar el orden, al tiempo que aseguró que se ofrecieron alternativas institucionales antes de avanzar con el desalojo.

Grabois, en cambio, cuestionó con dureza la decisión y acusó al gobierno porteño de criminalizar a organizaciones sociales y cooperativas que buscan soluciones habitacionales. Según el dirigente, el operativo expuso una falta de sensibilidad social y una mirada punitiva frente a un problema estructural como el acceso a la tierra y la vivienda digna.

El cruce escaló en declaraciones públicas y redes sociales, donde ambos dirigentes intercambiaron acusaciones y profundizaron sus diferencias políticas. El episodio volvió a instalar en la agenda la tensión entre políticas de orden urbano y demandas sociales, en un contexto de creciente conflictividad por la situación habitacional en la ciudad.