El gobierno de Javier Milei avanzó con una profunda reforma del sistema de inteligencia nacional a través de un decreto que redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida apunta a reorganizar el organismo, reducir su estructura y reforzar los mecanismos de control político y administrativo.

Uno de los ejes centrales de la reestructuración es la centralización de funciones y la eliminación de áreas consideradas superpuestas o ineficientes. El decreto establece un nuevo esquema interno, con mayor énfasis en tareas de inteligencia estratégica vinculadas a la seguridad nacional y menor margen para acciones discrecionales.

Además, la reforma busca limitar el uso de fondos reservados, uno de los puntos históricamente más cuestionados del sistema de inteligencia, y fortalecer la trazabilidad del gasto. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es transparentar el funcionamiento del organismo y alinearlo con los lineamientos generales de ajuste y reorganización del Estado.

La decisión generó reacciones encontradas en el arco político. Mientras el oficialismo destaca la necesidad de modernizar y ordenar la inteligencia, sectores opositores advierten sobre el uso del decreto para introducir cambios sensibles sin debate parlamentario. La implementación efectiva de la reforma será clave para medir su impacto real en el sistema de inteligencia argentino.