La Justicia ordenó el allanamiento del director del Servicio Penitenciario Federal en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la provisión de alimentos para personas privadas de la libertad. La medida se llevó adelante por sospechas de vínculos con una empresa contratista acusada de entregar comida en mal estado en distintas cárceles federales.

El procedimiento fue dispuesto por un juez federal y ejecutado por fuerzas de seguridad, que secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y material administrativo considerado clave para la investigación. El foco de la causa está puesto en determinar si existieron maniobras de corrupción, connivencia o incumplimiento de deberes de funcionario público en la contratación y control del servicio alimentario.

Según la investigación, la empresa bajo sospecha habría entregado raciones de comida en condiciones deficientes, tanto en calidad como en cantidad, lo que generó reiteradas denuncias por parte de internos, organismos de derechos humanos y defensores oficiales. En algunos establecimientos se habrían detectado alimentos vencidos, mal conservados o no aptos para el consumo.

Las irregularidades habrían sido advertidas en controles internos y auditorías previas, pero aun así la firma continuó prestando el servicio. Por ese motivo, la Justicia busca establecer si hubo encubrimiento, beneficios indebidos o falta de controles deliberada por parte de autoridades del sistema penitenciario.

Desde el ámbito judicial indicaron que el director del Servicio Penitenciario Federal no se encuentra imputado formalmente por el momento, aunque su situación procesal quedó bajo análisis tras el allanamiento. La causa sigue en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas, citaciones o ampliaciones de la pesquisa.

El caso volvió a poner en el centro de la escena las condiciones de detención en las cárceles federales y el rol del Estado en garantizar derechos básicos, como el acceso a una alimentación adecuada. Organismos especializados remarcaron que, más allá de las responsabilidades penales que se determinen, el episodio expone falencias estructurales en los mecanismos de control del sistema penitenciario argentino.