El máximo tribunal rechazó una demanda que cuestionaba la fórmula aprobada en 2020 y dejó firme su aplicación. La decisión impacta en el cálculo de los haberes previsionales y ratifica la potestad del Congreso para definir el mecanismo de actualización.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la validez constitucional de una de las últimas leyes de movilidad jubilatoria aprobadas por el Congreso, luego de rechazar una demanda que buscaba declarar inconstitucional la fórmula sancionada en 2020. Con este fallo, el máximo tribunal ratificó que la actualización de los haberes continuará rigiéndose por los criterios establecidos en esa normativa.

El caso había sido iniciado por un grupo de jubilados que sostenía que la fórmula vigente perjudicaba el poder adquisitivo de los haberes y reclamaba la restitución del mecanismo previo. Sin embargo, los jueces entendieron que la definición de la movilidad previsional es una atribución propia del Poder Legislativo, siempre que respete los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad.

Según el fallo, la Corte no encontró elementos que demostraran una afectación deliberada o arbitraria de los derechos de los jubilados. En ese sentido, consideró que las variaciones económicas y fiscales pueden justificar modificaciones periódicas en los sistemas de actualización de haberes, y que dichas decisiones forman parte de la política pública definida por el Congreso.

La resolución llega en un contexto de debate permanente sobre el nivel de los haberes previsionales y el impacto de la inflación en el ingreso real de los jubilados. Si bien la sentencia no resuelve la discusión sobre la suficiencia de las prestaciones, sí establece un criterio jurídico claro respecto a la validez del mecanismo utilizado para calcular los aumentos.

Con esta decisión, la Corte cierra una de las causas más relevantes en materia previsional de los últimos años y deja firme una fórmula que ha sido objeto de controversia desde su implementación. Mientras tanto, la discusión política sobre un nuevo esquema de movilidad continúa abierta en el Congreso, donde algunos sectores impulsan un sistema que garantice incrementos más cercanos a la evolución del costo de vida.