Patricia Bullrich salió al cruce de las acusaciones que involucran a la senadora electa Lorena Villaverde y sostuvo que todo se trata de “una impugnación política”, en medio de una creciente tensión por la causa que investiga presuntos vínculos con organizaciones narcocriminales. La ministra aseguró que no existen pruebas concretas que justifiquen la ofensiva contra la legisladora y criticó lo que considera un intento de deslegitimar al nuevo oficialismo.

Bullrich planteó que las denuncias aparecieron en un momento clave, cuando Villaverde se prepara para asumir su banca en el Senado, y cuestionó el clima de sospecha que se instaló alrededor de su figura. Señaló que la acusación busca golpear políticamente al espacio que representa y que detrás de ella hay un “manejo interesado” de información parcial.

Villaverde, por su parte, negó cualquier vínculo con redes narco y calificó la causa como un armado para frenar su llegada al Congreso. Aseguró que está dispuesta a presentarse ante la Justicia y aportar toda la documentación necesaria para demostrar su inocencia. Desde su entorno remarcan que la investigación se basa en testimonios cruzados y recortes de inteligencia sin consistencia judicial.

El caso despertó un fuerte debate político. Sectores de la oposición reclaman que la senadora no asuma hasta que la situación judicial se clarifique, mientras que el oficialismo sostiene que no se puede impedir el ejercicio del cargo sin fundamentos sólidos. La discusión también abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de control y la necesidad de revisar los protocolos de antecedentes de quienes llegan a cargos legislativos.

En paralelo, voces críticas remarcan que la defensa oficialista busca blindar a una dirigente sospechada y cuestionan la rapidez con la que Bullrich descartó la denuncia. Para estos sectores, el episodio revela las tensiones internas del nuevo mapa político y pone en juego la credibilidad del discurso de lucha contra el narcotráfico.

El escenario sigue abierto y sin definiciones judiciales inmediatas. Por ahora, tanto Villaverde como Bullrich apuestan a sostener que se trata de un ataque político y a esperar que la causa avance para despejar dudas. Lo que está claro es que el episodio se instaló de lleno en la agenda pública y promete seguir generando repercusiones en el inicio del nuevo período legislativo.