El escándalo político que sacudió a un municipio mendocino llegó a una resolución contundente: el concejal que había sido detenido por conducir alcoholizado recibió una dura condena que incluye una multa millonaria, la inhabilitación para manejar por varios meses y la obligación de realizar tareas comunitarias. El caso generó repercusión nacional no solo por la gravedad del hecho, sino también por el mensaje institucional que dejó la Justicia.

El dirigente fue interceptado por un control policial tras manejar de manera errática y exhibir señales claras de ebriedad. El test de alcoholemia arrojó un valor muy por encima del límite permitido, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según testigos, el concejal intentó minimizar la situación e incluso habría mencionado su cargo público, gesto que fue repudiado por autoridades locales y que terminó reforzando la necesidad de una sanción ejemplificadora.

La condena incluye una multa económica de gran magnitud, ajustada a los ingresos y condición del funcionario, además de la inhabilitación temporaria para conducir. Pero uno de los puntos que más llamó la atención fue la incorporación de tareas comunitarias obligatorias: el concejal deberá participar en actividades de prevención vial, charlas educativas y trabajos vinculados a campañas de concientización sobre los riesgos del alcohol al volante.

En el ámbito político, la repercusión fue inmediata. Dirigentes de todos los espacios salieron a marcar posición. Algunos destacaron la decisión judicial como un avance en materia de responsabilidad institucional, mientras que otros reclamaron medidas adicionales dentro del Concejo Deliberante para evaluar la continuidad del funcionario en su banca. El oficialismo, por su parte, buscó desmarcarse del episodio y sostuvo que “la ley debe ser igual para todos, con o sin cargo público”.

Organizaciones de seguridad vial celebraron el fallo y remarcaron su valor pedagógico: según sostienen, casos de alta exposición pública pueden tener un impacto directo en la conducta social. En un país donde la siniestralidad vial continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, subrayan la importancia de que los funcionarios sean ejemplo y no excepción.

El concejal, mientras tanto, emitió un comunicado en el que pidió disculpas, reconoció su error y aseguró que cumplirá con cada una de las obligaciones impuestas. Sin embargo, su futuro político quedó en duda. La presión social y la desconfianza interna en su propio espacio podrían derivar en un pedido de licencia o incluso en la renuncia.