En una decisión que marca un giro en el mapa institucional del gobierno nacional, el presidente Javier Milei rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia que traslada nuevamente al Ministerio del Interior, dirigido por Diego Santilli, las competencias sobre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y del área de Deportes.

La medida revierte los cambios aplicados días antes, cuando esas dependencias fueron reasignadas: el Renaper había quedado bajo el Ministerio de Seguridad y Deportes había pasado a la Jefatura de Gabinete.

Según la normativa publicada, Interior recupera el control de la identificación civil y los documentos nacionales, así como la responsabilidad sobre las políticas deportivas —alto rendimiento, amateur y recreación— que se encontraban dispersas.

Este movimiento institucional tiene múltiples aristas de análisis:

• Política de poder interno: La decisión refuerza el rol de Santilli, quien asume un ministerio clave con mayores competencias; implica un realineamiento dentro del gabinete y puede interpretarse como una apuesta al equilibrio entre los sectores políticos que respaldan al gobierno.
  
• Federalismo y administración de Estado: Al concentrar en Interior la interlocución con las provincias, la registración de personas y el deporte, el Poder Ejecutivo busca un canal único de coordinación con los gobiernos provinciales, alineando la estructura estatal hacia una centralización funcional.
  
• Mensajes institucionales: La devolución del Renaper —un organismo crítico para la identidad civil y electoral— y del deporte —clave en términos simbólicos y de juventud— puede interpretarse como una estrategia para reforzar la legitimidad del Estado y revitalizar áreas sensibles en una gestión que ya ha impulsado recortes y reformas profundas.
  
• Riesgos de retroceso en la reestructuración: Al mismo tiempo, este giro plantea preguntas sobre la coherencia del plan original del gobierno para reducir la estructura del Estado. Que los cambios tan recientes sean revertidos con rapidez genera dudas sobre previsibilidad y gobernabilidad.
  

La firma del DNU entra en vigencia de inmediato y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral permanente del Congreso para su tratamiento, tal como prevé la normativa sobre decretos de necesidad y urgencia en Argentina.

En conclusión, el decreto de Milei no solo redefine áreas técnicas, sino que refuerza jerarquías políticas, reconfigura la relación entre Nación y provincias y demuestra que el armado del Estado es un terreno donde conviven urgencia, estrategia política y símbolos de gestión.