El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, sus hijos y varias sociedades vinculadas, como parte de la etapa de ejecución de la condena dictada en la Causa Vialidad. La medida alcanza un patrimonio valuado en más de 684 mil millones de pesos, monto que el tribunal considera necesario para cubrir el perjuicio ocasionado al Estado a través de maniobras de fraude en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El fallo se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en junio de 2025, permitiendo avanzar con la recuperación de activos. Ante la falta de pago por parte de los condenados, el tribunal activó ahora el mecanismo legal que habilita al Estado a tomar control de propiedades, hoteles, terrenos y participaciones societarias que, según la sentencia, fueron parte del entramado económico que facilitó las irregularidades investigadas.

Entre los bienes alcanzados figuran inmuebles ubicados en Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones, además de complejos hoteleros administrados por empresas de Báez y propiedades registradas a nombre de los hijos de la expresidenta. La resolución también dispone que la Corte Suprema intervenga en la administración y eventual subasta de los activos decomisados, siguiendo los procedimientos habituales en casos de corrupción.

Las defensas de Fernández de Kirchner y de Báez ya comenzaron a presentar objeciones, argumentando que muchos de los bienes fueron adquiridos antes de los hechos juzgados y que el decomiso vulnera garantías constitucionales. Sin embargo, los jueces sostuvieron que existe prueba suficiente de la conexión entre el patrimonio y las maniobras investigadas, por lo que desestimaron los planteos iniciales.

El impacto político de la medida es inmediato. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura determinante dentro del peronismo, y el avance de la Justicia sobre su patrimonio reconfigura el escenario interno del espacio. Para sectores del oficialismo, la decisión refuerza la narrativa institucional de lucha contra la corrupción; para el kirchnerismo, se trata de una ofensiva judicial con connotación política. En cualquier caso, el decomiso abre una nueva etapa en una causa que ha marcado la agenda pública durante más de una década.

El proceso continuará ahora con la identificación concreta de los bienes, su tasación y los pasos administrativos para su eventual remate o administración estatal. El desenlace tendrá implicancias tanto judiciales como políticas, y será seguido de cerca por todos los sectores del país.