La causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA avanzó de manera significativa luego de que los investigadores reunieran documentación clave que podría comprometer tanto al creador del token como a funcionarios que habrían tenido algún grado de intervención en la maniobra. El caso, que comenzó como un proyecto financiero promocionado en redes, hoy se perfila como una posible estafa de gran escala con ramificaciones políticas e institucionales.

La investigación se centra en la operatoria inicial del token, cuyo valor se disparó de manera artificial durante los primeros días para luego desplomarse, generando pérdidas millonarias entre miles de pequeños inversores. La justicia trabaja sobre registros contables, movimientos bancarios y transferencias digitales que permitirían reconstruir el recorrido del dinero y determinar quiénes se beneficiaron durante el pico de la cotización.

Entre las pruebas reunidas figuran declaraciones de damnificados, informes técnicos sobre el funcionamiento del sistema y material que indica que la maniobra pudo haber contado con algún tipo de cobertura desde ámbitos del poder. También se analiza si existieron ventajas informativas previas para determinados actores que lograron retirar fondos antes del colapso.

El caso ya se debate en distintos niveles judiciales y podría derivar en imputaciones por asociación ilícita, defraudación y estafa agravada. Para especialistas del sector financiero, el impacto no se mide sólo en términos económicos, sino también en la pérdida de confianza en un ecosistema que ya venía golpeado por fraudes anteriores y por la falta de regulaciones claras.

La expectativa ahora se centra en las próximas medidas de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades individuales y establecer si existieron vínculos entre la estructura de la criptomoneda y funcionarios o intermediarios que facilitaron la maniobra. El expediente promete convertirse en uno de los casos financieros más relevantes del año.