Las empresas agroindustriales solicitaron ante la justicia argentina que se excluya a la firma Avir South S.A.R.L. del voto en el “cram-down” de Vicentin, argumentando que adquirió su crédito mediante una estructura offshore que comprometería la transparencia del proceso.

Las compañías Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) presentaron un escrito ante el juzgado que tramita el concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C., solicitando la exclusión del voto de Avir South S.A.R.L. en el proceso de reordenamiento, conocido como “cram-down”. 

Según su planteo, Avir South no sería un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió un crédito equivalente al 37 % del pasivo computable por medio de una estructura societaria offshore vinculada a las firmas Grassi S.A. y CIMA Investments, que operan con vehículos en Bahamas, Uruguay e Islas Vírgenes Británicas. 

Molinos Agro y LDC sostienen que permitir el voto de Avir South implicaría una vulneración de los principios de la ley de concursos y quiebras, ya que solo los acreedores reconocidos judicialmente tienen derecho a votar en estos procesos. Asimismo advierten sobre el riesgo de “tráfico de votos” y manipulación del resultado en perjuicio del resto de los acreedores. 

En su presentación, las empresas destacan que el pedido busca garantizar un procedimiento “transparente, equitativo y ajustado a derecho”, en el que los acreedores genuinos puedan decidir libremente entre las propuestas presentadas, sin que estructuras indirectas definan de antemano el desenlace. 

El juez interviniente tendrá que definir si acepta la solicitud de exclusión de Avir South y qué impacto tendrá ello sobre la marcha del proceso de reestructuración de Vicentin.