La transición energética se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política productiva argentina. Con el objetivo de diversificar su matriz y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el país busca ampliar la participación de las energías renovables y consolidarse como un actor relevante en la producción de hidrógeno verde y litio, dos sectores estratégicos para la próxima década.

Según datos de la Secretaría de Energía, las fuentes renovables representaron el 17,8% de la generación eléctrica total durante los primeros ocho meses de 2025, un aumento significativo frente al 13,4% registrado en 2022. La energía eólica continúa liderando el crecimiento, con más de 60 parques en operación, seguida por la solar fotovoltaica, que duplicó su capacidad instalada en apenas tres años.

El desarrollo del litio, considerado el “nuevo oro blanco”, ha sido uno de los principales motores de inversión extranjera directa. En las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca operan actualmente 12 proyectos de extracción, y otros 20 se encuentran en distintas etapas de exploración. El potencial combinado del “triángulo del litio” podría posicionar a la Argentina como el segundo exportador mundial hacia 2030, detrás de Australia.

El hidrógeno verde emerge como una apuesta de mediano y largo plazo. Empresas internacionales de origen europeo y asiático manifestaron interés en desarrollar proyectos piloto en la Patagonia, aprovechando el recurso eólico de alta calidad y la disponibilidad de territorio. El Gobierno nacional, por su parte, presentó un anteproyecto de Ley de Promoción del Hidrógeno, que prevé beneficios fiscales, financiamiento y apoyo a la investigación científica.

El desafío principal sigue siendo la infraestructura. La red de transporte eléctrico presenta limitaciones que obstaculizan la incorporación de nuevos proyectos renovables al sistema. El Plan Federal de Transmisión, que busca expandir y modernizar 5.000 kilómetros de líneas, resulta clave para sostener el crecimiento del sector y garantizar la estabilidad del suministro energético en todo el territorio.

En paralelo, los analistas advierten que la transición energética debe estar acompañada de una planificación social y laboral que contemple la reconversión de empleos vinculados a la industria de los hidrocarburos. La OIT estima que, con políticas adecuadas de capacitación, la economía verde podría generar hasta 300.000 nuevos puestos de trabajo en Argentina durante los próximos cinco años.

La sostenibilidad del modelo dependerá de la capacidad de coordinar inversión privada, regulación estatal y cooperación internacional. Si el país logra mantener un marco de previsibilidad y financiamiento estable, la transición energética podría transformarse no solo en una oportunidad ambiental, sino también en un motor de desarrollo industrial y tecnológico de largo plazo.