Confesó haber pagado coimas por la extensión de una concesión estratégica y ahora intenta evitar el juicio oral mediante una compensación económica.

Gabriel Romero, titular del holding Emepa y socio en la operación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Tras haber admitido el pago de coimas para garantizar un decreto favorable a sus negocios, ahora ofrece más de $510 millones como “reparación integral” para no enfrentar el juicio oral en el marco de la Causa Cuadernos.

El empresario, que durante décadas consolidó su influencia a través de contratos estatales en transporte ferroviario, dragado fluvial y publicidad urbana, reconoció haber entregado US$600.000 para lograr la prórroga de la concesión de la Hidrovía. Su testimonio como arrepentido fue clave en la investigación que reveló el sistema de retornos a funcionarios kirchneristas.

Romero construyó su imperio sobre tres áreas estratégicas: la concesión de la línea Belgrano Norte y otras gestiones ferroviarias; el manejo del corredor fluvial junto a la dragadora belga Jan de Nul; y la explotación de mobiliario urbano en la Ciudad de Buenos Aires a través de PC Vía Pública. Su nombre también figura entre los principales terratenientes bonaerenses con estancias y cabañas bajo la marca Don Benjamín.

En su declaración, el empresario admitió no solo los pagos por la Hidrovía sino también un esquema de “retornos” en subsidios ferroviarios que incluían porcentajes directos para el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Estas revelaciones reforzaron la hipótesis de una red de corrupción sistemática alrededor de la obra pública y los servicios concesionados.

Con el juicio oral programado para el 6 de noviembre, Romero se sumó a los más de 40 imputados que apelan a la vía económica para extinguir la acción penal. Sin embargo, su propuesta enfrenta la resistencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la fiscalía, que consideran que una simple compensación no se corresponde con la gravedad de los hechos confesados.

El desenlace de este pedido marcará un precedente importante: definirá si empresarios que confesaron haber pagado coimas podrán eludir condenas judiciales a cambio de desembolsos millonarios, en un expediente que se convirtió en emblema de la corrupción en la Argentina.