La decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó una fuerte reacción por parte del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA). Su secretaria general, Graciela Aleñá, lanzó duras críticas y acusaciones: advirtió que la medida tendrá consecuencias fatales en las rutas del país y responsabilizó directamente al Presidente y al ministro Federico Sturzenegger por lo que calificó como “un genocidio vial”.

Según el decreto anunciado, las funciones de la DNV serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Aleñá denunció que este cierre no es una simple reorganización, sino una decisión política y económica que busca “desmantelar el Estado” y reemplazar la planificación pública por lógica de mercado. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Esto no es eficiencia, es negocio”, afirmó.

La gremialista alertó que más de 5.500 trabajadores quedarán sin empleo, 118 rutas nacionales quedarán sin cobertura y más de 40.000 kilómetros de caminos perderán mantenimiento. Aseguró que el Gobierno usa como argumento la supuesta ineficiencia del organismo, sin mencionar el desfinanciamiento deliberado que, según ella, deterioró su operatividad en los últimos meses. Además, denunció que el traspaso de bienes de Vialidad a la Agencia de Bienes del Estado (AABE) esconde intereses de privatización.

Finalmente, Aleñá remarcó que la disolución de Vialidad compromete funciones clave como la auditoría, el control de calidad y la planificación estratégica de infraestructura, y que la nueva agencia carece de enfoque técnico y federal. “Esto no solo atenta contra la seguridad vial y la conectividad, sino que genera un retroceso institucional enorme. Estamos ante una pérdida de soberanía vial”, concluyó.