La Justicia federal reactivó una causa por espionaje ilegal vinculada al hackeo de celulares de jueces y funcionarios, en la que el principal imputado es el ex policía Ariel Zanchetta. La investigación, liderada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli, busca esclarecer una red de vigilancia clandestina con operaciones desde la provincia de Misiones. Entre las víctimas se encuentran magistrados de alto perfil como Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

El expediente había quedado estancado por demoras en los peritajes tecnológicos, pero recientemente se ordenó a la DAJUDECO la realización de un nuevo informe sobre los dispositivos incautados. También se solicitaron datos a organismos como ANSES, AFIP, ARBA y DATIP para rastrear posibles vínculos con un joven vinculado a otra causa de hackeos conocida como “Dark PFA”. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos y detectar nuevas conexiones entre los implicados.

Además de Zanchetta, también está imputado Fabián “Conu” Rodríguez, exfuncionario de AFIP y referente de La Cámpora. Un intercambio con Zanchetta encontrado en sus dispositivos lo comprometería en maniobras de espionaje político, particularmente contra la exministra Victoria Tolosa Paz. A pesar de las sospechas, Rodríguez aún no ha sido citado a declarar.

La causa cobra relevancia en un contexto de creciente tensión entre sectores del poder político y el Poder Judicial, luego del fallido intento de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema en 2023. Las autoridades buscan determinar si existió una estructura organizada para intervenir comunicaciones de jueces y dirigentes, en lo que podría constituir uno de los mayores escándalos de espionaje ilegal de los últimos años.